El oficial retirado Jaime Humberto Uscátegui paga una
condena de 37 años de prisión por la masacre de 1997,
de la que la Fiscalía reveló graves irregularidades. La
Contraloría, por su parte, abrió
una investigación contra los funcionarios y abogados
del Gobierno
que atienden las demandas de la CIDH.
condena de 37 años de prisión por la masacre de 1997,
de la que la Fiscalía reveló graves irregularidades. La
Contraloría, por su parte, abrió
una investigación contra los funcionarios y abogados
del Gobierno
que atienden las demandas de la CIDH.
La decisión de la Procuraduría obedece a las investigaciones que
adelantó el ente judicial, en la que habla sobre falsas víctimas
de la masacre.
adelantó el ente judicial, en la que habla sobre falsas víctimas
de la masacre.
El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, informó que
en los próximos días su despacho "estará presentando ante la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la acción de revisión
contra el fallo que condenó al General Uscatégui por la masacre
de Mapiripán (Meta) en el mes de julio de 1997".
en los próximos días su despacho "estará presentando ante la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la acción de revisión
contra el fallo que condenó al General Uscatégui por la masacre
de Mapiripán (Meta) en el mes de julio de 1997".
Sobre nuevos casos de falsas víctimas, Ordóñez dijo que "se está
recaudando la información y ya se tienen elementos de juicio
que permiten aseverar que las circunstancias que se presentaron
en Mapiripán se presentan en otras masacres".
recaudando la información y ya se tienen elementos de juicio
que permiten aseverar que las circunstancias que se presentaron
en Mapiripán se presentan en otras masacres".
"Se darán a conocer los resultados de esta información a las
autoridades judiciales de los organismos internacionales, que han
sido inducidos a error y han proferido decisiones contrarias a la
justicia y a las realidades probatorias fundadas en pruebas falsas"
, agregó.
autoridades judiciales de los organismos internacionales, que han
sido inducidos a error y han proferido decisiones contrarias a la
justicia y a las realidades probatorias fundadas en pruebas falsas"
, agregó.
Quienes se han visto envueltos en estos engaños, dijo el procurador,
podrían responder por "los delitos de fraude procesal, de falso
testimonio y de estafa". Pero aclaró que ese tipo de responsabilidades
penales las debe dirimir la justicia penal.
podrían responder por "los delitos de fraude procesal, de falso
testimonio y de estafa". Pero aclaró que ese tipo de responsabilidades
penales las debe dirimir la justicia penal.
La Contraloría, entre tanto, abrió una investigación "a las actuaciones
de los servidores públicos y los abogados designados por el Estado
colombiano, para atender las demandas en su contra ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos".
de los servidores públicos y los abogados designados por el Estado
colombiano, para atender las demandas en su contra ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos".
Esto, agregó, "con el fin de evaluar la existencia de posibles
conductas omisivas en la defensa judicial de los intereses patrimoniales
del Estado".
conductas omisivas en la defensa judicial de los intereses patrimoniales
del Estado".
en condenas más de diez millones de dólares (U$10.000.00).
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